Autor: Francisco José Cansino Díaz
En estos días, el gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía está anunciando una nueva subida del presupuesto destinado a la Sanidad Pública Andaluza en el año 2024. Se trata de una subida de un 3% respecto al presupuesto del año 2023, para ir a una cifra total de 14.246 millones de euros.
Moreno Bonilla ha esgrimido este dato para defender la gestión de su gobierno frente a las manifestaciones multitudinarias que ha habido en todas las provincias andaluzas, ante la convocatoria de la Marea Blanca para exigir una mejor Sanidad.
Sin embargo, el actual presidente del gobierno andaluz no ha afirmado que se vayan a reducir las desviaciones de dinero público hacia la sanidad privada, de manera que si la tendencia continúa, seguirán creciendo a un ritmo exponencial. Y claro, de nada sirve gastar más dinero en bolsas de sangre, si al final las donamos a otro hospital (sanidad privada) en lugar de emplearlas en nuestra enferma (Sanidad Pública). Sin duda, nuestra enferma se muere.
Andalucía cuenta con 8.500.187 habitantes, según datos del año 2022 en la página del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. De manera que un incremento de los presupuestos como la indicada, aun suponiendo que no hubiera esas grandes desviaciones a la privada, supondría un gasto medio total por habitante de 1.676€/habitante.
Según datos del periódico digital ‘El Diario.es’, el gasto medio por habitante en sanidad en 2022 se movía entre los 1.931€/habitante en Asturias, 1.898€/habitante en Euskadi, 1.888€/habitante en Navarra, 1.811€/habitante en Castilla y León, 1.436€/habitante en Murcia, 1.373€/habitante en Andalucía, 1.246€/habitante en Cataluña y 1.171€/habitante en Madrid.
En esta gráfica del diario Expansión se aprecian los datos de 2022:
De manera que comprobamos que la Sanidad Pública Andaluza sigue alejada de los datos de las autonomías que más invierten en Sanidad pese al anunciado incremento. Pero además, está el añadido de la desviación de fondos públicos a la sanidad privada, como hemos comentado.
Según fuentes de la Consejería Andaluza, de un presupuesto total de 13.800 millones en 2023 se ha destinado el 4.03%, con 593 millones, indicando que es un porcentaje inferior al que se tiene en otras autonomías como Cataluña, Madrid o Valencia. Son los números que defiende la Consejería de Salud. Si bien ahora se ha anunciado un concierto con la sanidad privada de 734 millones de euros para reducir las listas de espera.
Por otro lado, además de la desviación directa de recursos públicos, están las políticas desplegadas por esta misma consejería, que han provocado un crecimiento masivo de las contrataciones de seguros privados en Andalucía en los últimos años, con un incremento de un 53% en la última década, llegando a la cifra de 1.886.108 en el año 2022. La población recurre a la privada para buscar una atención que la pública no ofrece actualmente, precisamente por falta de recursos y medios.
¿Qué se puede esperar de una Sanidad Pública en la que pedir una cita porque estás enferma se convierte en una odisea, y mucho más si debe verte un especialista?
¿Es sólo dinero lo que requiere la Sanidad Pública en Andalucía?
Sin duda la Sanidad Pública presenta un grave problema organizativo, que ni el PSOE ni el PP han querido afrontar. En ese sentido, desviar dinero a la privada ha sido la solución más fácil y menos traumática para sus intereses partidistas. Porque no nos engañemos, toda solución traumática se puede traducir en una reducción de votos, y claro, donde esté el voto…
Sin embargo, se detecta un grave problema interno cuando la cifra de las listas de espera se disparan a 881.439 pacientes andaluces en el pasado mes de diciembre de 2022, y, sin embargo, buena parte de los quirófanos públicos permanecen cerrados por las tardes, sólo operando en horario matutino.
Esta realidad ocurre en muchos de los hospitales andaluces. Pero hay muchos aspectos más que han provocado esta situación.
Si eres trabajadora o trabajador, sabrás que tu rendimiento cae después de 8 horas de trabajo. Con horas extras, en algunos trabajos, puede que se logre mantener un rendimiento aceptable hasta las 10 horas de trabajo. ¿Cómo se conciben entonces turnos de 48 horas o más del personal sanitario? Independientemente de que dispongan de salas de personal y cuartos de descanso, ¿cómo se logra un buen rendimiento si no se desconecta psicológicamente de un trabajo? ¿imaginas turnos de 48 horas en tu trabajo? Pues eso.
Luego están los contratos. ¿Cómo se puede contratar a una persona por días? ¿cómo se puede exigir un rendimiento anímico adecuado a una persona que está contratado por días y ni tan siquiera sabe si se le va a renovar contrato? ¿cómo se planifica una vida con un contrato por días?
¿Realmente pueden nuestras sanitarias y sanitarios ejercer su labor en las condiciones más idóneas?
Recientemente me comentaba un médico de un ambulatorio rural en un municipio andaluz: “Si dispusiera de una profesional administrativo en mi consulta que se encargara del papeleo, realizando su trabajo en paralelo al mío, yo podría emplear mi tiempo exclusivamente en atender a mis pacientes. Me centraría en ellos”.
La gestión de los recursos materiales es otro tema a solventar. ¿Quién controla los gastos y el acceso del personal a los recursos sanitarios? ¿Verdaderamente el sistema actual controla eficientemente los recursos sanitarios? ¿Cuántas veces hemos sabido por alguien que los recursos sanitarios no acaban donde deben y que el acceso a dichos recursos no tiene el control que debiera?
Esta filosofía de lo público no redunda en su beneficio, sino más bien, todo lo contrario, ya que se contrapone a la filosofía de la privada, donde el control va al céntimo de todo gasto. Y claro, luego las políticas y políticos lo usan para justificar que la contratación privada es más ‘barata’ que la pública. Esta filosofía dinamita el sector público desde sus propios cimientos.
Más casos. ¿Cuántos profesionales atienden al mismo tiempo en la privada y en la pública, y aprovechan esta situación para emplear recursos públicos para operar o dar tratamiento a esos pacientes que acuden a ellos por la sanidad privada? Se trata de una práctica habitual de muchas y muchos profesionales. ¿Se debe permitir esta práctica? ¿o se debe ser coherente y blindar los recursos públicos para que estas prácticas no puedan darse? ¿estarían dispuestos los profesionales médicos a escoger entre la pública y la privada?
Lógicamente, con unos horarios adecuados y unos sueldos dignos, en base a unos convenios adecuados, esas y esos profesionales no tendrían necesidad de conjugar sanidad pública y privada, y, como ocurre con los miles de autónomos que tenemos en Andalucía, siempre tendrían la puerta abierta a poder ejercer en el mundo privado, con la posibilidad de poder montar sus propias consultas, si ese es su deseo como profesional, pero sin conjugarlo con el ejercicio en la Sanidad Pública. Puesto que si las condiciones laborales en la Sanidad Pública garantizan un sueldo adecuado y un horario conciliador, el tiempo libre debe ser empleado para el descanso en pos de un mejor rendimiento en el ejercicio público, donde se podrían solicitar horas extras dentro de un límite para mejorar la remuneración económica.
¿Cuántos altos cargos se encuentran centrados verdaderamente en conseguir una Sanidad Pública eficiente y eficaz de calidad? ¿cuántos despachos vacíos nos solemos encontrar en las instalaciones públicas? ¿dónde se encuentran esos máximos responsables?
Sin duda los congresos y cursos son fundamentales en la profesión médica, pero no podemos caer en dar más importancia al desarrollo personal profesional que en el propio correcto ejercicio del cargo que se ostenta.
¿Qué político o política está dispuesto a poner estos temas encima de la mesa?
¿Qué dirían los sindicatos? Sindicatos que por otro lado han permitido que estas situaciones hayan llegado al punto en que se encuentran.
No, la culpa no es de los sindicatos, pero tampoco pueden ponerse enfrente de reformas profundas que se antojan como necesarias si queremos salvar la Sanidad Pública, si queremos dotarla de una calidad que no tiene. Y no por falta de cualificación de sus profesionales, todo lo contrario, sino por falta de calidad organizativa y de gestión.
Y en este sentido, la sanidad privada está estructurada para controlar todo gasto, porque en ello le va el beneficio, que es lo que persigue como cualquier otra empresa, como hemos comentado.
Claro que en este sector privado también hay problemas, porque no es oro todo lo que reluce. Hasta el punto que actualmente, muchas y muchos profesionales se encuentran protestando porque los pagos que los seguros sanitarios realizan a estos sanitarios no ha evolucionado durante décadas. Es el otro lado de la moneda. Tienen contratos o acuerdos más prolongados en el tiempo, pero el pago por cada consulta es ínfimo. ¿Contribuye esto también a que la sanidad privada sea más barata, devaluando así la remuneración de las y los profesionales médicos?
Luego un Gobierno Andaluz que estuviera dispuesto a acabar con los problemas que ahogan a nuestra Sanidad Pública, debería acometer reformas profundas estructurales en ella, reformas que garantizaran un mejor ejercicio de la profesión sanitaria y su remuneración, además de garantizar la salud mental de nuestras y nuestro profesionales con unas mejores condiciones de vida. Reformas que lograran una gestión más eficiente de los recursos humanos y materiales.
Además, esas reformas deberían ser apoyadas por los sindicatos, puesto que, con una visión a largo plazo, a ellos tampoco les interesa que se imponga un sistema privado, donde sin duda ven reducida a la mínima expresión su capacidad de influencia. Por eso deben contribuir a ‘curar’ al Sistema Público.
Por último, junto a lo ya indicado, hay que parar la sangría de ventas a terceros foráneos de las patentes que el Sector Público Andaluz registra tras sus procesos de investigación y estudio. Esas patentes podrían suponer el desarrollo de nuestra tecnología sanitaria andaluza, que desde el sector público sí podría ayudar a su propio desarrollo y a liderar el desarrollo de un incipiente sector de cooperativas y empresas andaluzas farmaceúticas que crecieran paralelamente a la concreción de esos avances públicos, suponiendo una verdadera oportunidad de desarrollo sostenible con una colaboración público-privada beneficiosa para ambas partes y sobre todo para Andalucía.