Tras la pandemia, este año ha servido para confirmar que dejábamos atrás los efectos de ésta, pese a que el Covid será ya compañero de viaje a lo largo de nuestras vidas y de las generaciones futuras, como lo son otros virus como la gripe, etc.
Andalucía ha visto como las cifras de paro, el principal problema para las andaluzas y andaluces, volvía a su curso normal de reducción, camino emprendido desde el año 2013, y sólo alterado entre los años 2020 y 2021 por la propia pandemia.
Nuestro modelo productivo sigue basado fundamentalmente en el sector terciario, con el turismo como principal motor, y el sector primario, con la agricultura, ganadería, minería y pesca como principales pilares. Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía la distribución de empresas en Andalucía por sector sería la siguiente:
Y la distribución del empleo de las andaluzas y andaluces en esos sectores se distribuiría del siguiente modo:
En cifras totales, cifras absolutas, la economía de Andalucía es la tercera de España, después de la de Madrid y Cataluña. Sin embargo, si dividimos ese valor total entre nuestra población (8.600.224 hab.), que supera a la madrileña (3.339.931 hab.) y a la catalana (8.005.784 hab.), nuestro indicador de riqueza por habitante, el PIB/habitante se reduce. Y lo hace tanto que en una comparativa respecto al resto de autonomías ocupamos el penúltimo lugar, sólo por delante de la ciudad autónoma de Melilla:
¿Qué confirmamos con estas tablas y estos datos?
Pues se confirma, por un lado, un modelo productivo que está muy alejado aún de controlar y potenciar la transformación y manufactura de sus productos primarios, con una industria transformadora muy alejada de las cifras de otras autonomías y, por otro lado, un modelo que no redunda en el enriquecimiento de las familias andaluzas, con el peor nivel económico en el Estado Español.
Sin embargo, ese nivel bajo de vida, se convierte en foco de atracción para el turismo, temporal y permanente, que atrae a personas de toda Europa para, con su mayor poder adquisitivo, disfrutar de nuestros servicios en períodos vacacionales e incluso establecerse en Andalucía para disfrutar de su condiciones climáticas y de sus precios, más bajos respecto a los de sus lugares de origen.
2023, ha sido el año de confirmación de esta circunstancia, lo que llevado al extremo, como está ocurriendo en muchas zonas de Andalucía, supone la imposibilidad de la población autóctona, la población andaluza, de acceso a la vivienda, ante la enorme subida de precios.
En este año 2023, también hemos vivido dos hechos consumados en lo referente a los servicios públicos básicos en Andalucía.
El primero de ellos es que la Sanidad Pública está sufriendo uno de sus peores momentos, con una Atención Primaria en situación crítica, con su profesionales demandando soluciones al caos creado, y donde conseguir una cita médica antes de dos semanas es más o menos una auténtica odisea.
Si volvemos la vista a las listas de espera que se han disparado un 55% tras confirmarse que los contratos, por parte de la Junta de Andalucía, con las entidades privadas no tenían anclaje legal, la situación ha pasado de ser unas 36.000 personas, las que en junio de este año sobrepasaron el plazo legal de su operación, a unas 56.000 personas en el mes de octubre, como consecuencia de la cancelación de esos contratos.
Es verdad que el presupuesto de la Junta de Andalucía destinado a Sanidad ha incrementado su valor absoluto, pero también es cierto que las cantidades destinadas a la contratación de sanidad privada con dinero público también ha crecido más que nunca, hasta el punto de que los profesionales sanitarios públicos se hayan planteado públicamente si no se podría destinar esos dineros de contratación con la privada para mejorar la propia Sanidad Pública, dotándola de mayores recursos y de mayor estabilidad para sus profesionales.
Pero no nos engañemos, pese a todas las macrocifras que se puedan barajar, la inversión sanitaria por habitante responde a estas cantidades:
Y algo no se estará haciendo bien cuando en la última semana han dimitido dos altos cargos claves, Miguel Ángel Guzmán, viceconsejero, y el gerente del Servicio Andaluz de Salud, Diego Vargas.
El segundo de los hechos consumados en este año 2023 respecto a los servicios públicos básicos es la tendencia al cierre de líneas en los centros de enseñanza de Educación Pública frente a la consolidación de la inversión en la enseñanza concertada con los centros de enseñanza de la educación privada.
La canalización de esos fondos públicos podría haber supuesto una disminución de ratio en los centros públicos para una mejora de la calidad en su enseñanza. La educación en Andalucía ha quedado puesta, una vez más, en entredicho por los resultados del Informe Pisa publicados en este año.
El 2023 ha sido también el año en el que hemos visto salir al Parque Natural de Doñana de la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), convirtiéndose en el primer parque que es retirado de esta lista.
En lo que respecta a las inversiones del Estado en Andalucía, después de la confrontación provocada por la adjudicación a Córdoba del base logística militar para el Ministerio de Defensa en detrimento de Jaén, este año nos trajo la cara y la cruz en las reubicaciones de organismos promovida por las políticas de descentralización buscada desde Madrid. De esta manera, la concesión a Sevilla de la Agencia Espacial Española quedó ensombrecida por la no concesión a Granada de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), en una decisión sin fundamento técnico, cuando Granada cumplía con la máxima potencialidad y trayectoria en este sentido frente a la elegida Coruña.
2023 también fue el año que se llevó a los tribunales a Raquel Rodríguez por incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana (‘Ley Mordaza’), una vecina de Puerto Real, que sólo mostró ante la policía su indignación porque fuera empleada una tanqueta entre sus vecinos, con unas medidas cuanto menos exageradas por parte de las Fuerzas de Orden Público ante las protestas de los trabajadores del Sector del Metal, pues, entre otras cosas, ese despliegue de fuerza no se había visto en otras protestas anteriores, incluso más violentas, en otras autonomías.
Y si algo ha destacado ante todo lo demás en este 2023, posiblemente haya sido la situación de sequía que estamos atravesando y que nos ha hecho reflexionar acerca de un modelo de explotación agrícola que está agotando el agua del subsuelo andaluz y sus reservas. Pese a que la agricultura es el refugio y el medio de vida para un 9% de la población andaluza, la proliferación de explotaciones de cultivos de regadío y el cultivo intensivo están demostrando que este sistema, por más que se quiera camuflar, no es sostenible. La sobre explotación de los recursos hídricos, con la suma de disminución de lluvias, está provocando una grave situación en Andalucía.
Al respecto, hemos comprobado como la Junta de Andalucía no sólo no ha hecho nada por cambiar el modelo, sino que pretendía legalizar más hectáreas de cultivo de regadio (cultivos ilegales en el entorno de Doñana), algo que se oponía frontalmente al plan de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que desde Europa se ha frenado en seco, forzando un acuerdo entre la Administración Autonómica y la Estatal para buscar una solución a este despropósito.
Y no se sabe muy bien la solución que se va a adoptar en el norte de Córdoba, donde un tercio de los municipios cordobeses, con más de 80.000 personas afectadas, llevan sin agua potable en sus grifos desde hace 9 meses. Sólo una huelga de hambre protagonizada por cuatro miembros de la Plataforma Unidos por el Agua parece haber desbloqueado la incomunicación entre administraciones, si bien, la solución puesta encima de la mesa como ‘temporal’ (todo sabemos lo ‘eterno’ que significa ‘temporal’ en Andalucía) no convence a las vecinas y vecinos afectados, ante las dudas técnicas al respecto de la calidad del agua obtenida por ella.
Y todo ello provocado por una flagrante falta de inversión en la canalización, tratamiento y almacenamiento de nuestro bien más preciado, el agua, puesto demasiadas veces en manos privadas.
Así, el año 2023 va a finalizar con dos noticias. Una tiene que ver con este problema de la falta de agua potable en las comarcas del norte cordobes, con una manifestación masiva en Pozoblanco, ayer día 29.
La otra tiene que ver con la polémica decisión del gobierno autonómico de subir el sueldo de Moreno Bonilla, y de los altos cargos de la administración autonómica hasta un 19%. ¿De verdad que la gestión realizada merece tan alto premio? ¿Por qué equiparar con otras autonomías los sueldos de los gobernantes andaluces cuando las rentas medias familiares andaluzas siguen estando por los suelos?
Juzguen ustedes.
Han pasado muchas cosas más en este 2023, muchísimas cosas más, quizás de lo mejor, el renacer de la pequeña Nieves en los Palacios de Villafranca, luego, a analizar, las consecuencias para Andalucía del pacto Sánchez-Puigdemont, negativas o positivas, los Grammy Latinos, la Solidaridad del Pueblo Andaluz en todas sus provincias con las familias de Ucrania y con las familias de Palestina, estas últimas encerradas en el mayor campo de concentración nunca habido, y sufriendo el Genocidio puesto en marcha por los sionistas israelíes.
Ante tanto sufrimiento, es muy complicado tener esperanzas en el futuro de una Humanidad dominada por los intereses del capital.
En cualquier caso, desearos una Feliz Entrada de Año dentro de las circunstancias de cada familia.
¡Qué el 2024 nos traiga sobre todo PAZ!
Fuentes: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía / Diario La Razón / Diario Málaga Hoy / El Diario / El Día de Córdoba.